El derecho a la educación

Si se contemplan las cosas desde este punto de vista, aún resultan más alarmantes los disparatados sucesos vividos esta semana en torno al servicio de autobuses al campus. A lo largo de los últimos días, nuestro gobierno municipal ha hecho honor a esa frase cínica, que dice que un político es un señor que tiene un problema para cada solución. Por muchas dificultades jurídicas que presente la renovación de la contrata, anunciar el cambio de concesionaria un viernes, cuando el lunes siguiente empiezan las clases, es una decisión injustificable. Es una manera perfecta de crear confusión y de dar el primer paso hacia la degradación (desaparición) de un servicio publico, que estaba dando inmejorables resultados. El Ayuntamiento disponía de tiempo de sobra para haber evitado la pintoresca competición callejera de dos empresas disputándose los estudiantes parada por parada.

Yendo al fondo del asunto, las cosas todavía se perfilan más complicadas. A la hora de justificar su entrega del servicio a La Alcoyana, el gobierno local se refiere a una advertencia de esta empresa, que asegura tener la exclusiva de todos los autobuses que hagan el recorrido entre Alcoy y Alicante. La corporación asegura que ha dado este polémico paso por prudencia, para evitar posibles ilegalidades. El mismo Ayuntamiento que se arrojó de cabeza a la piscina de la Rosaleda (700.000 euros de chapuza jurídica nos contemplan), se vuelve ahora un tiquismiquis legalista.

La existencia de numerosas zonas de sombra en los razonamientos del gobierno local ha disparado las sospechas de la calle. Crece el número de personas que creen que desde el Ayuntamiento se favorece a una empresa, La Alcoyana, con la que se mantienen inconfesables compromisos. Aumenta el temor de que al final de esta bronca, el transporte universitario se disuelva en la línea regular a Alicante, perdiéndose el servicio tal y como se ha ofrecido hasta ahora. La tristísima experiencia vivida con el grupo Subús con el transporte urbano de Alcoy (a menos viajeros, más gastos municipales) dibuja un negro futuro para los jóvenes que quieran estudiar sus carreras viajando cada día a Alicante.

No es extraño que estos acontecimientos hayan provocado una oleada de cabreo. Y más, si tenemos en cuenta que para redondear esta atípica operación es necesario laminar los intereses legítimos de una firma alcoyana, Masegosa, que llevaba siete años ofreciendo el servicio sin que se produjera la más mínima queja de los usuarios. La imagen de la Policía Local amenazando con multas a una pequeña empresa de Alcoy, para favorecer a un gigantesco grupo monopolístico foráneo es un perfecto resumen de esta historia tan poco edificante.

JAVIER LLOPIS